Por: Paola Molina, directora de IC
Señor Director: La OCDE entregó recientemente la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, destacando los avances normativos e institucionales de nuestro país en esa materia y entregando 36 nuevas recomendaciones que, en el caso de la construcción, incluyó, por ejemplo, la promoción de edificios energéticamente eficientes. La construcción ha tenido progresos importantes en materia ambiental, pero existe un amplio margen de mejora. Un punto de partida podrían ser ciertos reglamentos vinculados al sector que llevan años en espera de ser aprobados, pese a ser necesarios para lograr nuevos avances en la sostenibilidad del sector. Uno muy relevante es la Reglamentación Térmica, que desde 2014 ha tenido varios intentos por ser aprobado, pero no ha logrado ver la luz. Además, desde el 2018 se encuentra también en proceso el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos de Actividades de la Construcción y Demolición. Esto es especialmente urgente debido a que cerca del 90% de los vertederos de la construcción son ilegales. Algo similar sucede con el Reglamento de Aguas Grises, que se encuentra en revisión también desde 2018. Son documentos maduros, donde solo falta la voluntad política para ponerlos en vigencia.
La única forma de que Chile siga mostrando progresos en la lucha contra el cambio climático y sus efectos, es actuar con sentido de urgencia y activar los recursos necesarios que permita el avance y desarrollo en la materia. Los sectores público y privado tienen, en lo fundamental, una mirada convergente sobre estos desafíos. Pero necesitamos ir más rápido, partiendo por destrabar cuerpos normativos esenciales para habilitar estos avances.