Por Catherine Cumming, secretaria ejecutiva Consejo de Modernización de Relaciones Contractuales del IC La ejecución de proyectos de infraestructura exige algo más que buenas bases de licitación y contratos técnicamente sólidos….
Por Catherine Cumming, secretaria ejecutiva Consejo de Modernización de Relaciones Contractuales del IC
La ejecución de proyectos de infraestructura exige algo más que buenas bases de licitación y contratos técnicamente sólidos. Requiere también mecanismos capaces de gestionar oportunamente las diferencias que inevitablemente surgen durante su desarrollo. Cuando estas discrepancias no se abordan a tiempo, pueden transformarse en retrasos, sobrecostos y controversias que terminan prolongándose por años.
En este contexto, la propuesta de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) para establecer un “Mecanismo de Gestión de Discrepancias” constituye un paso relevante hacia una gestión contractual más moderna y eficiente de los contratos de obras públicas. La iniciativa busca incorporar herramientas que permitan abordar las diferencias que surjan durante la ejecución de los proyectos de manera oportuna, antes de que estas escalen y deriven en controversias de mayor complejidad.
La iniciativa parte de un diagnóstico que compartimos: Chile necesita relaciones contractuales más modernas, previsibles y colaborativas, que permitan enfrentar las diferencias durante la ejecución de los proyectos sin que estas necesariamente desemboquen en litigios.
Desde el Instituto de la Construcción junto con el MOP hemos promovido la resolución temprana de controversias y una mirada más colaborativa de las relaciones contractuales. En el 2017 se realizó un piloto de Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias ,que contemplaba la creación de un panel de expertos para cada contrato de obras públicas, con el objetivo de acompañar su ejecución. La experiencia demostró el valor de contar con una instancia técnica independiente que permitiera anticipar y abordar oportunamente las discrepancias que surgieran durante la ejecución de los contratos.
Esta experiencia resulta especialmente pertinente al analizar las actuales propuestas. La principal diferencia entre el proyecto de la DGOP “Mecanismo de Gestión de Discrepancias” y el Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias (MRTC) radica en el momento y la forma de intervención. Mientras la propuesta de la DGOP contempla principalmente una instancia destinada a abordar las discrepancias una vez que estas se han configurado, a través de un Panel Técnico permanente, el MRTC incorpora una lógica de prevención pero mediante el acompañamiento de un panel de expertos durante la ejecución contractual.
Con todo, la propuesta de la DGOP incorpora también una dimensión preventiva, especialmente a través del sistema de alertas tempranas, orientado a identificar oportunamente aquellas situaciones que puedan dar origen a discrepancias y permitir su abordaje antes de que estas escalen y se transformen en controversias. Esta herramienta resulta particularmente relevante, pues complementa la intervención del Panel y permite avanzar hacia una gestión contractual más preventiva, en la que las diferencias puedan ser detectadas y abordadas oportunamente antes de que afecten el normal desarrollo de los proyectos.
Como Instituto de la Construcción y desde el Consejo para la Modernización de las Relaciones Contractuales, creemos que estos cambios permiten crear normas e instituciones que permitan que mandantes y contratistas tengan mayores certezas, enfrenten oportunamente sus diferencias y mantengan el foco en aquello que finalmente importa: que las obras se ejecuten a tiempo, con eficiencia y con el mejor uso posible de los recursos públicos.
La discusión sobre estos mecanismos ofrece, por tanto, una oportunidad para avanzar desde una cultura predominantemente reactiva hacia una gestión contractual preventiva. Resolver bien las controversias es importante; evitar que escalen innecesariamente es aún más valioso.
El desafío ahora es perfeccionar estas herramientas, definir con claridad sus atribuciones y asegurar que su implementación contribuya efectivamente a prevenir y resolver oportunamente las discrepancias que surjan durante la ejecución de los contratos.
Avanzar en esta dirección permitirá contar con contratos de obras públicas más eficientes, relaciones público-privadas más transparentes y colaborativas, y una infraestructura que responda mejor a las necesidades del país.