Septiembre 9, 2026
En el Colegio de Ingenieros de Chile, el director general de Obras Públicas, Joaquín Daga, presentó el mecanismo de gestión de discrepancias que impulsa el MOP para contratos regulados por el DS MOP 75. La propuesta considera tres ejes: Libro de Alertas Tempranas, Comisiones Consultivas y un Panel de Gestión de Discrepancias.
El Colegio de Ingenieros de Chile realizó un seminario y panel de conversación sobre el mecanismo de resolución de controversias en contratos de obra pública, iniciativa que está siendo promovida por el Ministerio de Obras Públicas en el marco del DS MOP 75. La actividad contó con la exposición de Joaquín Daga, director general de Obras Públicas y director titular del Instituto de la Construcción; y un panel moderado por Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros, con la participación de Loreto Silva, exministra de Obras Públicas; Juan Carlos Latorre, segundo vicepresidente del Colegio de Ingenieros; y Mauricio Castillo, presidente de la Comisión de Infraestructura Pública del Colegio.
En la apertura, De Solminihac destacó que Chile necesita aumentar su inversión en infraestructura, pero también contar con la capacidad de ejecutar bien y oportunamente los proyectos. Señaló que los contratos de obras públicas son complejos, se desarrollan durante períodos largos, involucran múltiples actores y enfrentan condiciones que no siempre pueden anticiparse completamente.
“El desafío no es pretender que nunca existan diferencias; es prevenir que aquellas que podamos evitar se puedan resolver tempranamente antes que escalen y terminen afectando el desarrollo de las obras”, afirmó. También advirtió que una controversia abierta durante meses o años puede traducirse en mayores costos, atrasos, deterioro de las relaciones contractuales e infraestructura que llega más tarde a las personas.
Avances del MOP
Durante su presentación, Joaquín Daga explicó que el MOP denomina esta propuesta como un mecanismo de gestión de discrepancias. Indicó que el sistema actual para resolver controversias en obra pública tradicional es “precario” y se basa principalmente en dos vías: la administrativa y la judicial. Según expuso, en la vía administrativa el contratista reclama ante el propio Ministerio, a través de reposición o recurso jerárquico, mientras que en la vía judicial debe recurrir a tribunales ordinarios.
Daga señaló que el análisis realizado por el MOP muestra una baja tasa de acogida en ambas instancias. En el caso de los recursos jerárquicos de los últimos tres años, indicó que la tasa de acogida total o parcial alcanza cerca de un 12%, y que alrededor de un 70% de esos recursos corresponde a multas. En la vía judicial, sostuvo que el ciclo completo puede llegar a durar del orden de ocho años y que el reconocimiento por parte de tribunales también es bajo, cercano al 11%.
A partir de ese diagnóstico, la propuesta del MOP se estructura en tres ejes. El primero es un Libro de Alertas Tempranas, orientado a prevenir y mitigar riesgos de discrepancia, pasando desde una lógica “adversarial” o “atrincherada” entre contratista y MOP hacia una lógica más colaborativa. Este instrumento busca que cualquier posible evento con aptitud de afectar precio, plazo u otra circunstancia sea comunicado oportunamente.
El segundo eje corresponde a Comisiones Consultivas, pensadas para contratos regionales de menor envergadura. Daga explicó que estos representan del orden del 83% de los contratos vigentes en ejecución, por lo que era necesario considerar una instancia que aborde también el universo de contratos más pequeños. Estas comisiones emitirían un informe técnico en un plazo breve para que el director regional pueda tomar una decisión informada.
El tercer eje es un Panel de Gestión de Discrepancias, inspirado en el Panel de Concesiones. De acuerdo con su presentación, se trataría de un panel único a nivel nacional, compuesto por cinco integrantes: dos abogados, dos ingenieros y un arquitecto, con una duración de seis años y renovación parcial cada tres. Su objetivo sería entregar informes fundados en plazos acotados para apoyar decisiones del Ministerio en contratos de mayor envergadura.
Daga sostuvo que el objetivo final del mecanismo es resolver discrepancias de manera “ágil y temprana”. “Temprana porque queremos en el fondo que las discrepancias ojalá no escalen y que colaborativamente el contratista y el MOP logren resolver esas discrepancias y que ojalá no lleguen a los tribunales”, señaló.
Entre los beneficios esperados, mencionó la agilización de procesos, revisión técnica especializada e imparcial, mayor certeza en la gestión contractual, respuestas oportunas y predecibles, y un menor sobrecargo en las ofertas. Al cierre de su exposición, afirmó que la propuesta es “un primer paso” para un mecanismo que no ha tenido procesos de modernización en décadas y que permitiría “pasar de esta lógica más confrontacional a algo más de colaboración”.
Durante el panel, Loreto Silva valoró el diagnóstico presentado y la orientación de la propuesta: “nosotros estamos en una lógica en nuestro contrato, estructura de conflicto frente a las discrepancias y no de gestión de las discrepancias”. También destacó la estructura escalonada planteada, indicando que no todas las discrepancias tienen el mismo nivel de importancia o cuantía.
Asimismo, Silva planteó que sería deseable avanzar, en una etapa posterior, hacia recomendaciones que pudieran tener efectos vinculantes para la ejecución inmediata, sin perjuicio de preservar derechos posteriores. Asimismo, sostuvo que el objetivo del contrato es ejecutar una obra y no prepararse para una litigación.
Por su parte, Juan Carlos Latorre felicitó al MOP por abrir el tema a la participación de instituciones que puedan aportar. Señaló que el Ministerio de Obras Públicas es “lejos el principal instrumento de inversión que tiene el Estado chileno” y que perfeccionar la forma en que aborda la contratación de obra pública es un tema central.
Latorre propuso incorporar lo que denominó un “eje cero”, asociado a las causas que generan discrepancias en los contratos. En ese contexto, mencionó la importancia de fortalecer la formación y carrera funcionaria, especialmente de quienes cumplen el rol de inspectores fiscales.
Mauricio Castillo, director del Instituto de la Construcción, también valoró la presentación y afirmó que el trabajo “recoge debates y discusiones que llevan décadas”. Destacó que la propuesta transforma diagnósticos previos en un plan con parámetros y objetivos, y recordó que distintas instancias del sector, entre ellas la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción, ministerios, universidades y colegios profesionales, han trabajado previamente en estas materias.
Castillo coincidió en la relevancia del “eje cero” y lo vinculó con la calidad y grado de desarrollo de la ingeniería de los proyectos, la asignación de riesgos y el equilibrio contractual. Afirmó que cuando un proyecto se adjudica con bajo nivel de definición de ingeniería, se generan condiciones que pueden derivar en desviaciones y controversias durante la ejecución.
En la parte final del conversatorio, también se abordaron temas como presupuesto oficial, ofertas temerarias, composición del panel y modificaciones necesarias al DS75 y al DFL 850. Daga precisó que el principal cambio estaría asociado al DS75, pero que también sería necesario abordar la Ley Orgánica del Ministerio, debido a que el Panel de Gestión de Discrepancias implica un gasto que debe ser regulado por ley.
El encuentro cerró con una disposición de colaboración por parte del Colegio de Ingenieros y de las distintas instituciones que han avanzado en esta discusión. En palabras del director IC Mauricio Castillo, “es el momento de la acción”, destacando que la propuesta constituye un avance relevante para modernizar la gestión contractual de la obra pública.
El seminario está disponible aquí: