Julio 28, 2026
En la sesión del jueves 23 de julio, la instancia revisó los avances del Ministerio de Obras Públicas en materia de resolución de controversias contractuales y acordó preparar observaciones técnicas para aportar al desarrollo de un mecanismo que contribuya a mejorar la gestión, productividad y continuidad de los proyectos.
El jueves 23 de julio se realizó en la Cámara Chilena de la Construcción(CChC) una nueva reunión del Consejo de Modernización de Relaciones Contractuales del Instituto de la Construcción, instancia en la que se analizaron los avances del Ministerio de Obras Públicas en torno a un mecanismo de resolución de controversias para contratos de obra pública.
Durante la sesión, se revisaron los principales elementos del proyecto que está trabajando el MOP, así como las observaciones que el Consejo podría aportar desde la experiencia acumulada por el IC en esta materia, especialmente a partir del trabajo previo desarrollado en torno al Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias (MRTC).
Según se expuso en la reunión, la propuesta del MOP considera distintos componentes, entre ellos un registro de alerta temprana, comisiones consultivas regionales y un panel técnico nacional para contratos de mayor tamaño. El Consejo valoró el avance, pero también planteó la importancia de reforzar el enfoque preventivo, de manera que estos mecanismos no solo operen cuando la controversia ya está declarada, sino que también permitan identificar y gestionar riesgos durante la ejecución de los proyectos.
En esa línea, se discutió la necesidad de que las alertas tempranas cuenten con criterios claros, oportunidad en su registro, incentivos adecuados y consecuencias frente a su omisión o uso sin fundamento. También se abordó la relevancia de que los mecanismos contribuyan a la trazabilidad de los problemas contractuales y a una mejor toma de decisiones durante la ejecución de las obras.
Al respecto, Catherine Cumming, secretaria ejecutiva del Consejo de Modernización de Relaciones Contractuales, explicó que avanzar en esta materia es relevante para el sector construcción, porque las controversias que se producen durante la ejecución de los contratos pueden afectar plazos, costos y productividad. “Durante la ejecución del contrato de construcción se producen muchos problemas, controversias que quedan ahí en un estado de status quo, mientras la ejecución del contrato se detiene. Por lo tanto, los plazos del contrato se empiezan a afectar y finalmente se afecta el valor y el costo”, indica.
La secretaria ejecutiva del Consejo agrega que la idea es contar con un mecanismo que permita avanzar en la resolución de esos desacuerdos, manteniendo el foco en el proyecto. “Eso afecta la productividad, afecta los costos del proyecto. La idea es centrar en el proyecto la intención de las partes”, afirma.
Por su parte, Marcos Brito, director ejecutivo del Instituto de la Construcción, señala que la reunión permitió revisar las conversaciones sostenidas con la Dirección General de Obras Públicas y la Subsecretaría de Obras Públicas. “Hoy día tuvimos un repaso de las últimas reuniones que hemos estado teniendo con la Dirección General de Obras Públicas y la Subsecretaría de Obras Públicas para, de alguna manera, contribuir en los mecanismos de resolución de controversias contractuales”, explica.
Brito recuerda que el Instituto de la Construcción ha desarrollado un trabajo propio en esta materia: “El Instituto de la Construcción ha estado trabajando en un mecanismo de resolución temprana de controversias. Hoy día el MOP está trabajando en algo similar, comités para la resolución de controversia. Queda trabajo todavía por hacer”, sostiene.
El director ejecutivo del IC también subrayó que los cambios que se discuten podrían involucrar modificaciones normativas. “Esto va a involucrar también tal vez cambios en el DS75 del MOP, por lo tanto va a haber discusión parlamentaria en torno a estas transformaciones para los mecanismos de contratación con el MOP”, explica, agregando que lo planteado por el Consejo es relevante “para la modernización de los contratos públicos” de obras del país.
Por qué avanzar
En tanto, Ramiro Mendoza, integrante del Consejo, excontralor general de la República y actual presidente del Colegio de Abogados, enfatiza la importancia de modernizar las relaciones contractuales en la construcción. “Durante mucho tiempo nos acostumbramos a que los contratos se hacen de un mismo modo, pero esa misma manera también produce y replica los mismos vicios, y eso se combate modernizando las relaciones contractuales, viendo experiencias comparadas, viendo nuevas modificaciones”, comenta.
Mendoza precisa que el trabajo en análisis considera modificaciones al DS75 y al DFL850, por lo que debe abordarse con responsabilidad técnica e institucional. “Hay que avanzar creando nuevas cosas, hay que avanzar viendo cómo han funcionado mal algunas cosas y hay que también mirar a veces fuera de la caja”, sostuvo.
Asimismo, destaca que el objetivo debe ser contribuir a mejores obras públicas. “Se trata de una modernización responsable, de una modernización consentida, donde cada uno de nosotros, la CChC, el IC, el Ministerio de Obras Públicas, tiene que tener un objetivo, y el objetivo es hacer la mejor obra pública”, afirma.
Como parte de los próximos pasos, el Consejo acordó preparar observaciones al proyecto del MOP, con el fin de dejar por escrito los puntos técnicos que, a juicio de sus integrantes, debieran ser considerados en el desarrollo normativo y reglamentario de estos mecanismos.
La sesión también permitió relevar el rol del Instituto de la Construcción como espacio de articulación técnica entre el sector público, privado, gremial y académico, orientado a aportar propuestas que contribuyan a una construcción más eficiente, colaborativa y productiva. Tal como afirma Catherine Cumming, “es importante que el Instituto de la Construcción aporte en estos temas y que siga trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para lograr que la construcción sea cada día más productiva y eficiente”.
